El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley, ha señalado, antes de admitir la mala aplicación del proyecto, algo que tiene que ser corregido por la comisión de seguimiento.
La ONG Foro Penal, que estima en 448 los presos políticos excarcelados desde el pasado 8 de enero, ha reaccionado a la aprobación de la ley, afirmando que "los crímenes contra la humanidad jamás prescriben".
Su presidente, Alfredo Romero, ha denunciado que la ley "es bastante restrictiva" puesto que "excluye" a personas perseguidas políticamente "detenidas, incluso muchas de ellas arbitrariamente".
Así lo ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales, donde horas antes ha apuntado a la necesidad de "recibir con optimismo" el proyecto pese a "seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos".
Mientras, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado de que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), denominada zona 7, en Caracas, han suspendido la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días, si bien han alegado "grave desgaste físico y a ausencia total de respuestas por parte de las autoridades".
La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la que fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro, que permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas y sus alrededores a principios de 2026.
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