Advierte EE. UU. que usará "todas sus herramientas" contra cárteles y exige procesar a funcionarios corruptos en México

La Embajada de los Estados Unidos en México advirtió que la administración del presidente Donald Trump empleará "todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen", enfatizando en un pronunciamiento oficial que "apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias".

La postura diplomática se da un día después de que la Casa Blanca enviara al Capitolio su reporte anual sobre los países con mayor tránsito y producción de drogas ilícitas. La publicación coincidió además con el anuncio del fiscal para el Distrito Sur de Texas sobre la formulación de cargos contra un ciudadano mexicano con estancia ilegal en EE. UU., acusado de brindar apoyo material al Cártel del Golfo.

A pesar del tono de advertencia, la representación diplomática señaló la disposición de mantener el trabajo conjunto: “Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países".

En el informe remitido al Congreso estadounidense, la administración Trump reconoce avances por parte del gobierno mexicano en materia de seguridad, destacando un incremento en la incautación de estupefacientes, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la captura o abatimiento de líderes prioritarios de las organizaciones delictivas.

Sin embargo, Washington sostiene que las acciones actuales resultan insuficientes y plantea demandas específicas para el Estado mexicano.

• Freno al control territorial: Adopción de medidas adicionales e incrementales contra las organizaciones clasificadas como "narcoterroristas", las cuales, según el documento, dominan amplias zonas de la geografía nacional.
• Fortalecimiento institucional: Mayor inversión presupuestal destinada al equipamiento y despliegue de las fuerzas policiales tanto a nivel federal como local.
• Combate a la corrupción oficial: El reporte del mandatario estadounidense fija como objetivo primordial la obligación de "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".

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