Sin denuncias contra el obispo por sus expresiones políticas: Fiscalía Electoral
La Fiscalía puede iniciar investigaciones a partir de denuncias o de oficio, cuando existen elementos suficientes sobre la posible comisión de un delito electoral
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha recibido denuncias contra el Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, por sus declaraciones políticas, informa su titular, Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba.
Explica que expresar opiniones políticas no constituye por sí mismo un delito, pero las declaraciones podrían ser investigadas si incluyen llamados explícitos a votar por una opción política o a no votar por otra, según las circunstancias.
No, ninguno. A ver, no tenemos ni siquiera una denuncia en contra del señor obispo y hay que decirlo, ellos pueden eh dar sus opiniones políticas también. Lo que no pueden hacer es nada más pedir el voto por alguna opción política, pero en este caso lo que nosotros hemos observado es la simple manifestación de ideas que también tiene el derecho a realizarlo.
De acuerdo con Gutiérrez Ruvalcaba, la Fiscalía puede iniciar investigaciones a partir de denuncias o de oficio, cuando existen elementos suficientes sobre la posible comisión de un delito electoral.
Por otra parte, informa que cinco carpetas de investigación siguen pendientes de resolución, tres de ellas por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. Dos de estos expedientes están relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tres son por violencia política en razón de género, dos de ellas son del Partido Revolución Institucional, de las cuales el presidente ya tiene acercamientos con nosotros y se está llegando a un acuerdo de reparación con gobierno del Estado. Son las cinco que están activas.
El fiscal indicó que otros casos ya derivaron en vinculaciones a proceso o sentencias condenatorias. Entre ellos, mencionó el de una exregidora sentenciada a un año y cuatro meses de prisión, además del pago de una multa.
Añade que las conductas que constituyan delitos electorales pueden tener consecuencias penales, independientemente del partido político al que pertenezcan las personas involucradas.
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