“Haber sobrevivido se siente como un castigo”: Karen aún comparte custodia con quien intentó matarla

Hace cinco años, el 28 de febrero de 2021, Ana Karen (35 años) y su hija Olivia (9 años), cuyo nombre ha sido modificado por motivos de protección, vivieron una presunta tentativa de feminicidio cuando el entonces esposo de Karen abusó física y psicológicamente de ella y de la niña. 

Acorde con el testimonio de Karen, después de que Alfredo “N” la golpeara en repetidas ocasiones y la tratara de estrangular, al menos, cuatro veces, tomó un cuchillo y la amenazó; “tú no sales de aquí viva”, le dijo. Con minutos de diferencia, el hombre encerró a Karen en una recamara para intentar arrojar por las escaleras a su hija, Olivia, de entonces cuatro años; “me pegaba en una habitación del cuarto y me iba a empujar por las escuelas, y me agarré y no me pudo tirar. Tengo una marca y me duele”, narra la propia niña.

Esa mañana, Karen y Olivia pudieron salir con vida de su domicilio. Como lo piden las autoridades, acudieron de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGEA) para interponer una denuncia contra Alfredo por intento de feminicidio a Karen. Sin embargo, ella reprocha que el caso fue catalogado como violencia familiar al haber sólo una amenaza y no una herida con arma blanca.

“El papá de mi hija tuvo un trato especial, movimientos que se hicieron en Fiscalía al grado de que a mi hija la sacaron de la carpeta de investigación. Solamente fue violencia familiar en agravio mío, a la niña la sacaron”, narra.

Tras nueve meses del incidente, se interpuso una segunda denuncia por la tentativa de feminicidio contra Olivia, carpeta que estuvo guardada en la Fiscalía durante dos años, según comenta Karen. De la primera denuncia, añade, el agresor interpuso varios juicios de amparo, mediante los cuales consiguió la sentencia por violencia familiar y por la cual vive en libertad condicional.

“Le dieron una sentencia mínima cuando en el caso había violencia sexual, física, psicológica, económica; y fue pena mínima lo que le dieron a mi agresor. Se abrió también un proceso familiar. (...) El agresor de mi hija salió en libertad, se acogió a un proceso de suspensión condicional que le dieron por 3 años”, indica.

Aún con la sentencia, a la autoridad le tomó más de un año emitir medidas de protección para Karen y Olivia, como una distancia mínima para que Alfredo se les pudiera acercar. Esto implica, también, la supervisión diaria de la Policía Rosa a las víctimas o la prohibición del trato directo con ellas por parte de Alfredo, la familia de él o su nueva pareja.

JUSTICIA TORTUOSA: LA LLEGADA DEL NUEVO PODER

Pese al avance del caso, que cuenta con cuatro tomos de evidencias y audiencias desahogadas, en septiembre de 2025 con la llegada del nuevo Poder Judicial del Estado (PJEA), Karen se enfrentó a una solicitud para que Olivia declarara nuevamente ante el Juez Cuarto Familiar, Ricardo De Luna Márquez.

La mujer, quien busca la pérdida de la patria potestad para Alfredo, acusa al juez electo de revictimización a Olivia; narra que incluso cuando una de las medidas de la suspensión condicional es que el agresor no se acerque a la infante, en diciembre pasado el juez citó a todas las partes para el desahogo de la audiencia.

“(Le dije) ‘él no puede estar aquí, legalmente ni siquiera puede estar aquí’. Yo esperaba que el Juez del Cuarto Familiar parara la audiencia, que hiciera algo, y no lo hizo. Simplemente, sin ninguna empatía, siguió la audiencia. Inclusive, cuando terminó todo, me dijo ‘¿dónde está la menor?’ y le dije ‘yo le dije que no le iba a traer, no voy a hacer pasar a mi hija por eso’. (...) Inclusive le dije ‘si a usted lo quisieran matar, ¿le gustaría que lo juntaran con la persona que lo quiso matar a platicar?’. (...) ‘Tú no conoces cómo es el progenitor. Él bien puede tener una pistola y, a causa de que tú nos juntaste, aquí afuera me puede matar. Porque tú mismo estás propiciando que que haya que que empiecen estas dinámicas cuando ni siquiera las debería de haber’”, relata Karen.

Posterior a ello, un amparo federal ordenó al juez De Luna Márquez que las audiencias debían ser virtuales para respetar las medidas de protección ya dictadas. Sin embargo, Karen reprocha que nuevamente su hija fue encarada con su agresor en la sesión.

“El juez del cuarto familiar no le informó de la situación de Olivia ni al MP que está adscrito a la Fiscalía. Tuvieron un trato que, de verdad, debería de haber una sanción para todos por la manera en que no hubo cuidado por los temas que se trataron. (...) La niña lloró muchísimo en la entrevista (y) no la pararon, le siguieron a pesar de cómo la niña empezó a llorar, la siguieron entrevistando”, expresa.

(Una vez) "me iba a golpear contra el piso. Me pegaba, también me hacía otras cosas. Me tiraba mi coneja al suelo y me hacía recogerla con la boca”, declaró Olivia ante el juez, a quien explícitamente le dijo que no quería volver a ver a su progenitor porque le daba miedo. “Solo le quiero decir que me regrese mi oso y que dejen a mi mamá en paz, y a mi también”, se lee en la carpeta a la que BI Noticias tuvo acceso.

No obstante, el perito nombrado en el caso, el psicólogo Damián Alberto Moreno Jiménez, “detectó que la niña ha estado recibiendo información que no le corresponde, referente a la problemática entre sus padres” lo cual señala como una forma para que la niña “tome como propias ideas y pensamientos sobre su progenitor”. Por ello, Karen asevera que aún no se le ha quitado la patria potestad a Alfredo.

“Yo le hago un llamado a la presidenta del DIF a que ponga atención en lo que está pasando en los juzgados, porque en este camino yo me he encontrado con mamás y otros niños que siempre tienen el mismo problema: ‘Es que el psicólogo que estuvo en la audiencia dice que yo alineo a mis hijos’. Pareciera que los psicólogos toman un machote y es el que sacan al día siguiente cuando entrevistan a los niños”, recrimina.

Karen acusa que Alfredo no ha cumplido con sus obligaciones hacia Olivia, o que no ha convivido con su hija desde hace cinco años. Aún así, acusa que el juez De Luna Márquez considera darle convivencias y, prácticamente, reiniciar el proceso, menciona. 

Para la madre, el proceso legal está siendo más cansado y costoso ante el trabajo del Juez Cuarto de lo Familiar, el cual únicamente ha recomendado acudir a terapia psicológica en el sector público, menciona.

“¿Por qué no responde el juez a la petición que mi hija le dijo de que ya la dejen en paz? Yo quiero que le hagan justicia a mi hija, que respeten su decisión de no querer convivir con su progenitor cuando yo ya les di suficientes pruebas como para que esto ya acabe. ¿Sabes cómo se siente uno muchas veces? Como si haber quedado vivo fuera un castigo, porque te castiga el juez, te castiga tu agresor. A veces la gente no entiende por qué estás en estos procesos. Es bien duro de verdad enfrentar a un agresor”, comenta Karen.

Ante la falta de respuestas y un proceso de años, la exigencia de Karen es al trabajo conjunto entre el PJEA y la FGEA para que se puedan usar las pruebas ya presentadas y guardadas en el expediente, sin necesidad de que Olivia tenga que repetir lo que vivió.

“El llamado es principalmente al fiscal y la magistrada Ocampo, que de verdad trabajen en conjunto. (...) Desde el momento en que denunciamos corremos un riesgo. Pero el seguirnos revictimizando, y que me sigan y me sigan enfrentando a mi agresor, eso me pone todos los días en un estado de vulnerabilidad. En un estado en el que yo no sé en qué momento me puede llegar a pasar algo a mí”, cuestiona.

Karen ya interpuso una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Aguascalientes para revisar el actuar del Juez Cuarto Familiar al incumplir medidas de protección o repetir entrevistas a Olivia. Pregunta cuál es el objetivo del actuar del juez De Luna Márquez.

“Prácticamente el juez del cuarto familiar pretende que empiece de cero. Donde no tome ni en cuenta las cuestiones penales, que excluya los protocolos de seguridad que tanto la menor como yo tenemos, entonces ¿qué podemos esperar de la justicia? (...) Este llamado es al Tribunal de Disciplina: De todo corazón, que de verdad de esta situación que pasó con mi hija no le vuelva a pasar a ningún niño, ni a ninguna otra mujer. Que haya una llamada de atención severa porque un juzgador no puede ni tiene derecho a violar protocolos de otras autoridades para juntar a las víctimas con sus agresores”, enfatiza la víctima.

Para la víctima directa, la reforma judicial representó un retroceso en su carpeta de investigación. Pese a la promesa de campaña de varios jueces, incluido De Luna Márquez, para tener mayor cercanía con las víctimas y velar por el interés superior de la infancia, Karen considera que estos aspectos han sido dejados de lado; “él quiere sentenciar a puerta cerrada, donde la única opinión que cuenta es la de él”, reprocha la mujer sobre el Juez Cuarto de lo Familiar.

“Para mí tuvo un cambio negativo porque, por ejemplo, antes tenías jueces que eran conscientes de lo que tenían en sus manos, que tenían la seguridad de víctimas, de niños. Y los jueces que llegaron no tienen ninguna experiencia; ya donde no tengan ni siquiera empatía. Caramba, estás tratando con niños, estás tratando con víctimas”, reprocha. 

El juez Ricardo De Luna Márquez se integró al Juzgado Cuarto de lo Familiar tras la votación en 2024; es militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde el 14 de diciembre de 2021.

Hasta el cierre de esta redacción, Karen señala haber sido recibida por la Magistrada Presidenta del Poder Judicial Estatal, María José Ocampo Vázquez. Aún no obtiene la custodia completa de Olivia ni el pago de la pensión para la menor. Debido a la alta demanda en el sector público, la infante acude terapia psicológica en lo privado, proceso que no ha podido terminar por la constante revictimización. Sigue una investigación en curso con suspensión condicional por el delito de violencia familiar; de tomarse el proceso, se podría reclasificar como tentativa de feminicidio.

EL PROBLEMA EN CIFRAS

Al igual que Alfredo, cientos de personas en Aguascalientes cuentan con una carpeta de investigación por presunta violencia familiar. Karen reitera la importancia de las cifras de incidencia.

“Es muy triste porque Aguascalientes es uno de los estados en los que más violencia hay en agravio de mujeres. Y yo siempre lo he dicho: casi siempre los hombres que maltratan a las mujeres, también lo hacen con los hijos; se tiene que visibilizar, que las víctimas que más sufren son niños”, hace hincapié.

Hasta el último corte informativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (datos a febrero), durante 2026 en México suman 38 mil 127 denuncias abiertas por violencia familiar, de las cuales 396 corresponden a Aguascalientes. Las cifras se disparan cuando se trata de supuestas alertas inmediatas: De las más de 83 mil llamadas al 911 por presunta violencia familiar, dos mil 432 ocurren en Aguascalientes. Esto podría traducirse en que, en la entidad, sólo el 16.28% de los presuntos delitos de violencia familiar están siendo investigados.

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