Advierten de posibles abusos en la recién aprobada reforma de la Ley Antilavado

Luego de que ayer en el Senado de la República se avalara la Ley Antilavado con los votos a favor de los senadores oficialistas, misma que busca prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita para proteger el sistema financiero y la economía nacional, legisladores de oposición advierten sobre posibles abusos que podrían surgir a raíz de esta nueva Ley.

Tal es el caso del senador por Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo que, como ya lo había mencionado con anterioridad, resaltó que desde su bancada apoya el objeto fundamental que es identificar y prevenir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero advirtió que tal como está la reforma implica afectaciones a los Derechos Humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas que puede ser bloqueado incluso sin autorización judicial, al secreto bancario y a la presunción de inocencia. 

«Abre las puertas al abuso, al exceso y la regresión que no podemos permitir. Ese tipo de definiciones tan amplias han sido criticadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así mismo por el Grupo de Acción Financiera Internacional pues puede presentar a uso discrecional, e inclusive a la persecución política. La reforma faculta a la Secretaría de Hacienda a requerir datos, imágenes, información personal de cualquier ciudadano como ustedes; sin autorización. E incluso a los órganos autónomos como el INE, sin necesidad de una orden judicial», criticó.

Asimismo, sugirió que el verdadero objetivo de esta reforma no es combatir el lavado de dinero por el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando o el secuestro, sino que la 4T desea crear un aparato de espionaje financiero para cualquier ciudadano.

«Genera esto una inseguridad jurídica y coloca a miles de pequeñas empresas bajo el cargo de sospecha. Países como por ejemplo Alemania o Canadá han fortalecido su legislación antilavado, pero con contrapesos institucionales claros y siempre bajo la supervisión judicial, cosa que aquí no se está haciendo», añadió.

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