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El reto de la gobernabilidad

 3 abr 2018

Por: Jorge Manuel Aguirre

Las campañas políticas han iniciado y ya empezamos a escuchar las críticas a la administración del presidente Peña Nieto, a los respectivos contrincantes y a las propuestas que han venido intentando formular.

Corrupción, inseguridad, privilegios políticos, decisiones equivocadas, narcotráfico, falta de contundencia en la defensa de los  intereses de México frente a los Estados Unidos; son solo algunos de los temas controvertidos.

A esta agenda de temas descuidados, desestimados o menguados, relacionados con la gobernabilidad, y más específicamente, relacionados  con la capacidad del gobierno para crear un orden político y social; pertenecen nada menos que a cuestiones fundamentales como la operación de un sistema de procuración e impartición de justicia honesto y efectivo, la implementación y complementación de las iniciativas del ejecutivo por la deliberación acuciosa del legislativo independiente y no sometido al ejecutivo, la articulación apropiada entre el Gobierno Federal y los órdenes del Gobierno Estatal y Municipal, y la dialéctica entre la sociedad política y la sociedad civil en la deliberación política.

La contribución de instancias regulatorias  de la sociedad civil para la configuración y el mantenimiento del orden social debe ser recuperada  y reconocida, acentuada en la teoría y en la práctica de la gobernabilidad democrática como un contrapunto a la tendencia pertinaz de considerar que el orden social resulta directamente por obra y gracia del presidente de la República, y de considerar que el gobierno, el gobierno democrático inclusive, se reduce exclusivamente al ámbito interno de las organizaciones, programas y procesos publico-administrativos.

En esta perspectiva, la gobernabilidad democrática  sigue siendo principalmente un asunto del Gobierno mismo, pero con la colaboración de la sociedad. Solo la capacidad, eficacia y calidad de la acción del Gobierno conjuntamente con la sociedad civil, podrá propiciar una acción directiva, regulatoria y administrativa.

No hay que olvidar que la democracia si no se cuida y atiende puede caer en la enfermedad de desmesura en donde la libertad pasa a ser tiranía, el pueblo se transforma en masa manipulable, y el deseo de defender el progreso se convierte en una especie de espíritu de cruzada personal; la economía, el Estado y el Derecho, dejan de ser los medios para el desarrollo de todos, y forman parte ahora de un proceso de deshumanización. Todo ello  abre la puerta a un peligroso populismo.

Frente a este riesgo no se puede olvidar la búsqueda de la vigencia de un país de leyes, la consolidación de un régimen de convivencia social regido plenamente por el Derecho, donde la ley se aplica a todos  por igual y la justicia es la vía para la solución de los conflictos. En buena medida, la gobernabilidad democrática debe pasar por la capacidad para fortalecernos como un país de instituciones.

El tema de la gobernabilidad no solo hace referencia a la forma de gobierno cuidadosamente legítimo, sino que también hace alusión a si es competente, capaz y eficaz en el cumplimiento de sus decisiones públicas, particularmente en las vinculadas al tema socioeconómico y a la prestación de los servicios públicos.

Por ello, no es un asunto menor el hecho de que la democracia se plantee como fórmula que permita también sustituir pacíficamente a los gobernantes incompetentes, corruptos y nocivos.

Obviamente a estas alturas ya para nadie es extraño el hecho de que no basta con cambiar la constitución para mejorar la capacidad y estructura del estado. Junto con los cambios institucionales se debe generar también una serie de pautas de acción política que acompañen a esas modificaciones y que las hagan realmente vigentes.

Sin embargo, también a partir del mejoramiento del marco constitucional se pueden crear las condiciones necesarias para hacer frente a los nuevos retos del estado mexicano.

Como quiera que sea, a casi nadie escapa el hecho de que en el futuro inmediato, la gobernabilidad será un bien escaso en México, de tal forma que se deben buscar las mejores condiciones  posibles para mantener la eficacia y la legitimidad de los poderes públicos.

Ojalá los candidatos asuman un verdadero compromiso con la gobernabilidad, el fortalecimiento, la eficacia y legitimidad de los poderes e instituciones públicas, y no caigan en las tentación mesiánica e ilusa de pensar que solo ellos pueden, ahora sí, resolver todos los problemas de los mexicanos.

 

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión