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Insuficiencia consciente

 4 dic 2017

Por: Gloria Margarita Romo Báez

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Gloria Margarita Romo Báez



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Desde que las malas administraciones gubernamentales tomaron los fondos de pensión de los trabajadores, hace ya varias décadas, para financiar quién sabe qué, se originó el enorme problema que hoy deben enfrentar las autoridades gubernamentales para satisfacer el pago de las crecientes pensiones.


De haberse invertido esos fondos en actividades productivas con generación de valor, hoy la situación de las pensiones sería muy diferente, se hubieran generado ganancias para fortalecer la base de ahorro y se hubieran asegurado los recursos suficientes para el pago de pensiones dignas a cargo del Estado.


Lamentablemente los políticos gastaron esos recursos en inversiones de índole político y se alejaron del objetivo para el cual se debieron destinar esos fondos. La mayoría de este dinero se despilfarró y se uso para financiar carreras y ambiciones personales. Dispusieron de los fondos de manera unilateral y simplemente se los gastaron, dejando al Estado con una enorme carga de índole económica.


En parte la razón por la que primero Salinas de Gortari con su SAR 92 y después Zedillo con su Reforma de 1997, impulsaron las reformas de seguridad social, fue para sentar las bases de una recomposición que permitiera resarcir los fondos de pensión y generar una base creciente de aportaciones al ahorro que garantizará una pensión suficiente para aquellos trabajadores que se pensionarían en el mediano y largo plazo.


En el fondo las reformas de pensiones que se adoptaron fue para liberar al Estado de su pago. En lo sucesivo las aportaciones provendrían en una mayor proporción de los trabajadores y en una proporción mucho menor del gobierno. 


En otras palabras, la reforma liberaría en el mediano plazo al gobierno del pago de pensiones con cargo al erario público. Quienes se jubilarán al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 recibirán su pensión del Estado y quienes se jubilen con la Ley del Seguro Social de 1997 recibirán su pensión de los fondos que cada quien en lo individual pudo ahorrar durante su vida laboral.


Aun así, el Gobierno se queja de que año con año debe incluir en el presupuesto de egresos de la federación una cantidad creciente de recursos para pagar la pensión de millones de trabajadores que se jubilaron con el régimen 93. 


Este año no fue la excepción, y la SHCP se queja de la presión fiscal que se genera por el pago de las pensiones, argumentando que al menos durante una década más deberán estar financiando el pago de las pensiones de dos sistemas, 73 y 97. 


La carga presupuestal en 2018 representa algo así como el 21.3% del gasto programable, con valores nominales cercanos a los 794 mil millones de pesos, recursos que implican un crecimiento en términos reales de 5.2% respecto al ejercicio 2017.


Esta cantidad de recursos es la que demanda el pago de las pensiones y este monto se incrementará anualmente por el mayor número de personas que se seguirán jubilando al amparo de la Ley del Seguro Social 1973, y por los efectos de la inflación que se ha acumulado en los últimos años.


La apuesta del gobierno es que al irse muriendo los pensionados por la Ley del Seguro Social de 1973, ello mismo se traduce de manera inmediata en una menor carga para el Estado, lo cual me parece cruel e injusto ya que además atenta contra la dignidad de estas personas y como dice el dicho, “en el pecado se lleva la penitencia”…

 

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión